The people united will never be defeated - ¡Proletarios del mundo, uníos!

miércoles, 18 de octubre de 2017

Seguimos luchando por Santiago. Fuera Patricia Bullrich.

18 de octubre de 2017 | Por Partido Obrero

Jueves 19, a las 15.30, a Plaza de Mayo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

1. El hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, a metros de donde se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ha colocado en vilo al país y, principalmente, a todos los que hemos luchado por su aparición con vida. Con independencia de que el cuerpo pertenezca o no a Santiago, hay dos cuestiones que ya están definitivamente claras: primero, la responsabilidad oficial en la represión que condujo a su desaparición forzada y, luego, el férreo operativo de encubrimiento con el cual se buscó eludir aquella responsabilidad. Es imposible no recordar, en este momento, el reguero de versiones oficiales dirigidas a culpabilizar y desprestigiar a la comunidad mapuche y al propio Maldonado. Entre ellas, las que daban a Santiago en pueblos de Entre Ríos; viajando a dedo por el Sur, escapando a Chile o en un enfrentamiento con puesteros de un campo de Benetton. Quien salió a refritar estas mentiras ha sido nada menos que Elisa Carrió, quien, en el debate de candidatos de la CABA, agitó la “probabilidad de que Santiago esté en Chile”. La miseria política de la principal candidata porteña no es un exabrupto, sino el resultado de una línea oficial.

2. La comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos de la zona denunciaron que el cuerpo que apareció a pocos metros de donde ocurrió la represión de Gendarmería el pasado 1 de agosto fue ´tirado´ en el lugar. Abona esta grave denuncia el hecho de que la zona donde apareció el cuerpo fue rastrillada ya en tres oportunidades y que es frecuentada de manera permanente por los habitantes de la comunidad, razón por la cual es imposible que de haber estado siempre en ese lugar no haya sido divisado.
 
3. Mientras caían esas falsas versiones, se iban sumando las evidencias de lo que hoy todos sabemos: que Santiago fue visto por última vez en medio de una represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche, y que esa represión culminó con una persecución feroz a los manifestantes. Pero principalmente, quedó de manifiesto la responsabilidad directa del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich: su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, comandó directamente la represión en el sur. Luego, ese mismo ministerio ocultó pruebas y marcó la cancha de la investigación judicial, entonces a cargo del juez Otranto.
 
4. La desaparición forzada de Maldonado no es el exceso de un gendarme, variante que el gobierno ha comenzado a agitar como escapatoria a su propia responsabilidad. Por el contrario, esta represión es el resultado de un vasto operativo internacional, dirigido a proteger, en Argentina y en Chile, a los acaparadores de tierras y a los monopolios petroleros y mineros que operan junto a la cordillera. Semanas antes de la desaparición de Santiago, el presidente Macri y su par de Chile Bachelet se reunieron en aquel país para “coordinar acciones” contra la comunidad mapuche y sus aspiraciones de tierras. Enseguida, fue detenido en Argentina Facundo Jones Huala, y comenzaron los aprestos represivos en la zona de Esquel. Es en ese marco que se produce la represión y desaparición forzada de Maldonado. Se trata de una política de Estado que reconoce una continuidad en el gobierno anterior. La ley de tierras del kirchnerismo convalidó la apropiación mal habida de tierras por los Benetton y Lewis, y avanzó en la entrega de Vaca Muerta a monopolios como Chevrón, cuya aprobación en la legislatura de Neuquén también fue asegurada por una fuerte represión.
 
5. Al encubrir a la gendarmería y obstaculizar la investigación, Patricia Bullrich se ha protegido a sí misma y a su gobierno. La frase pronunciada por la ministra en el Senado ha sido reveladora. Detrás del “no tiraremos a un gendarme por la ventana” está la confesión de que el gobierno necesita de las fuerzas represivas para implementar su plan de ajuste contra los trabajadores, las mujeres y la juventud. Lo que vale para la comunidad mapuche vale también para el conjunto de los sectores explotados.
 
6. Pero si hoy el encubrimiento se derrumba, es como resultado de la inmensa movilización popular, que en dos oportunidades colmó la Plaza de Mayo y varias capitales del país reclamando por la aparición con vida de Santiago. En estos momentos decisivos, el Partido Obrero llama redoblar esa movilización por el juicio y castigo a los culpables de la desaparición forzada; y para que se vaya Patricia Bullrich, responsable del operativo represivo y de su posterior encubrimiento. Con esa convicción, llamamos a concurrir mañana (jueves), junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a la Plaza de Mayo a las 15.30, en ocasión de la ronda de las Madres.
 
 
 
Partido Obrero, 18.10.2017

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La “adenda” petrolera, avanzada de la reforma laboral

12 de octubre de 2017 | #Prensa Obrera 1478 | Por Miguel Del Plá

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, declaró que en Argentina, a diferencia de Brasil, la reforma laboral “se hará por consenso y gremio por gremio”.

El proceso ya ha comenzado, como se puede apreciar en la llamada "adenda" (“agregados”) a los convenios petroleros.
Se trata de una “cesión de derechos” de los trabajadores petroleros para bajar los supuestos “elevados costos” de extracción de los yacimientos no convencionales y “estimular” las inversiones.
Se firmó primero para su aplicación en Vaca Muerta, Neuquén, y luego siguió en Chubut. El 1° de octubre, en Santa Cruz, firmaron este acuerdo representantes de los gobiernos nacional y provincial, de las empresas y de los sindicatos de la industria petrolera.

La semana pasada me reuní con trabajadores petroleros en Las Heras para analizar los cambios introducidos en el convenio y sacamos varias conclusiones.

En primer lugar, la adenda implica un retroceso histórico en las condiciones de trabajo de los petroleros, ya que elimina adicionales salariales, reduce las horas extras, obliga a trabajar con viento y de noche, reduce las dotaciones y lleva a extremar la velocidad de las operaciones; sanciona un sistema especial de conciliación de conflictos que pasa por encima de las leyes vigentes y, sobre todas las cosas, introduce masivamente el régimen de contratos a plazo fijo (sin estabilidad), según las tareas y los criterios de las operadoras.

La redacción de la adenda contiene, en todo lo esencial, las mismas reformas que ya se firmaron en Neuquén y Chubut, lo que demuestra que se trata de una línea estratégica de las grandes empresas. En Santa Cruz, si bien en los títulos se hace mención a operaciones en hidrocarburos "no convencionales" y de la "cuenca austral", la redacción abarca al conjunto de las actividades petroleras sin distinción y a todo el ámbito de la provincia.

La fundamentación de este ‘acuerdo de cesión de derechos’ habilita su extensión a toda la actividad petrolera. El único “fundamento” son los supuestamente "elevados costos" (supuestamente, porque las empresas no abren sus libros para demostrar las presuntas pérdidas) y entonces, con este fundamento, ya no importa si se trata de un yacimiento convencional o no convencional sino los "elevados costos". Preparan la precarización del trabajo petrolero en todas las áreas en general. Concretamente, ya lo han extendido a la actividad off-shore, que no es nueva pero queda incluida explícitamente en el texto.

Se trata de una avanzada histórica que Claudio Vidal -secretario general del sindicato petrolero de Santa Cruz- concedió sin consultar a las bases, de la mano del gobierno provincial kirchnerista y de Cambiemos, en beneficio de las operadoras petroleras y contra los derechos de los trabajadores del sector.

Petroleros es uno de los primeros gremios en que avanza el plan trazado por Triaca, que consiste en lograr que los sindicatos acepten renegociar a la baja sus condiciones laborales. Es lo que nos espera al conjunto de los gremios y trabajadores en general.

¿Y los que se dicen “opositores al ajuste”? En Santa Cruz, una burocracia gremial kirchnerista y un gobierno provincial kirchnerista pavimentan así la reforma laboral que impulsa Macri.

Para parar la reforma laboral antiobrera, el 22 votemos al Frente Izquierda en todo el país.

martes, 17 de octubre de 2017

PTS: chau al “sindicalismo de base” Sobre el balance de la derrota en Alicorp.

12 de octubre de 2017 | #Prensa Obrera 1478 | Por Miguel Bravetti - Juan Romero

Retroceso, desmoralización y electoralismo 


La Izquierda Diario publicó un balance de las elecciones internas de Alicorp (ex Jabón Federal) que es muy revelador sobre la orientación del PTS en el movimiento obrero.

El resultado fue de 113 votos para la Lista Verde, ligada a la burocracia del sindicato, contra 88 de la Lista Bordó, orientada por el PTS. “Después de una década -dice Franco Villalba, autor del artículo- de una comisión interna antipatronal, combativa, independiente de la burocracia sindical y que se basaba en el método de asamblea, la mayoría de los trabajadores eligieron tener delegados representantes del sindicato”.

Según Franco, este retroceso de los trabajadores de Alicorp sería una consecuencia de las conquistas obtenidas durante esos diez años (aumentos de salarios, la efectivización de contratados, la disputa de la conducción del gremio, etc.) que fueron originando una “conciencia conservadora”, caracterizada por la idea de que “no hay que reclamar ni luchar, para que no nos saquen lo que tenemos” o incluso para ir "escalando puestos en la fábrica”.

La explicación es doblemente retrógrada: se responsabiliza a la base por la derrota, en lugar de analizar los propios errores, y se repite la vieja tesis de que los obreros son “pancistas”; es decir que sólo luchan por sus intereses materiales inmediatos (esto sin entrar a discutir la relatividad de esos avances que se mencionan).

Curiosamente -o no tanto-, la teoría del “pancismo” coincide con el argumento que el kirchnerismo utiliza para justificar su derrota en 2015 a manos de Macri.

Según el razonamiento del PTS, la satisfacción de las reivindicaciones sería un obstáculo para elevar la conciencia de clase. También se puede afirmar que condiciones de trabajo embrutecedoras dificultan la organización. Pero el problema de la conciencia de clase -y la organización en que ésta se corporiza- no se reduce al aspecto puramente material del proceso capitalista; es decir, la conciencia de clase no es un reflejo mecánico de la explotación ni de la lucha contra esa explotación sino el resultado de la acción de conjunto de la clase obrera y de un partido, depositario del programa y de la experiencia histórica.

La clave de la derrota de Alicorp está puesta en el balance aunque solapadamente: la “adaptación de los que militamos en el movimiento obrero -dice Franco- a convivir día a día” con la “pasividad e individualismo”. Es decir, la política del PTS.

Chau al “sindicalismo de base”

El artículo adelanta una segunda conclusión, de alcance más general: da por finalizado el período del -llamado por el PTS- “sindicalismo de base”, es decir “cuando con el crecimiento económico que hubo a partir de 2003 millones de jóvenes ingresaban a las fábricas”y elegían “nuevos delegados antiburocráticos” (otro saludo al kirchnerismo).

En el actual “clima conservador… cuidar lo que tenemos en forma individual, reemplazó a la fuerza de lucha y organización democrática”, dice el PTS. ¿Y AGR? ¿Y Pepsico? ¿Y el proceso que recorre la UTA? ¿Y las enormes huelgas docentes? ¿Y Cresta Roja? ¿Y El Tabacal? ¿Y los triunfos antiburocráticos, como el Sute?
En la clase obrera anida una fuerte voluntad de resistencia a la ofensiva patronal, contenida o anulada por la burocracia sindical. La ausencia de luchas de conjunto es el resultado de esa acción de las direcciones burocráticas; de las que directamente pactan con el gobierno (CGT) y de las que secundan esos pactos (CTA).

La omisión del papel de la burocracia en medio de la noche negra que describe el PTS, lo conduce inexorablemente a una connivencia con ella. Queda claro que la insistencia en que las organizaciones combativas que apoyan a Pepsico marchen con el yaskismo el 22 de agosto, no fue un derrape.

¿Qué tareas? ¿Qué desafío?

El fin del “sindicalismo de base” sería la señal para poner en pie agrupaciones clasistas, algo que -sostiene el PTS- “se nos plantea hoy como urgente, pero que siempre fue imprescindible”; o sea, que el clasismo es una opción para los momentos de retrocesos.

El PTS piensa en “los miles de trabajadores de cada fábrica que hoy votan a Nicolás del Caño y los referentes obreros como Vilca de Jujuy o Godoy de Neuquén” y en “los que quieren levantar la consigna por la aparición con vida de Santiago Maldonado… exigiendo al Sindicato de Jaboneros de Oeste (Sojo) que se ponga al frente de esta campaña”.

Pasado en limpio: seguidismo a la burocracia sindical y electoralismo desenfrenado.

Una perspectiva de combate


El Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista luchan para que el movimiento obrero, que resiste el ajuste y pugna por expulsar a la burocracia de los sindicatos, se fusione con la izquierda revolucionaria en una misma perspectiva política; la batalla electoral es sólo una parte de esta lucha.

El gran plenario obrero de Lanús en apoyo a las listas y candidatos del FIT -convocado por el PO e IS- fue un paso firme en esa dirección. 
 

Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1478/sindicales/pts-chau-al-sindicalismo-de-base-sobre-el-balance-de-la-derrota-en-alicorp


De la huelga general a la capitulación

12 de octubre de 2017 | #Prensa Obrera 1478 | Por Pablo Heller

Cataluña


El gobierno catalán terminó reculando a la hora de consagrar la independencia. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia pero, a renglón seguido, la dejó en suspenso en vistas a “emprender -según sus palabras- un diálogo para llegar a una solución acordada” con el Ejecutivo español. El pedido de una negociación ni siquiera plantea como condición previa el retiro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que sigue acantonada en Cataluña. Esto despertó la decepción e indignación de una parte importante de los manifestantes que se congregaron frente al Parlamento.

El nacionalismo catalán arrugó frente a las amenazas del Estado español, la monarquía y la cúpula del Poder Judicial, que declaró ilegal el referéndum. Pero más que la represión y el accionar judicial, la Generalitat sucumbió ante lo que constituyó un “golpe de mercado”. Asistimos a un éxodo de las principales empresas que anunciaron que trasladaban su sede social fuera de Cataluña. Esta maniobra contó con la complicidad del gobierno español de Mariano Rajoy, quien modificó a tal efecto la normativa vigente.

La huida abarcó a las principales empresas, al punto tal que Cataluña se hubiera quedado sin ninguna empresa del Ibex 35, que reúne a las corporaciones líderes, después de que los consejos directivos de Colonial, Abertis y Cellnex decidieran trasladar sus sedes sociales, y Grifols abriera la puerta a hacerlo. Esto vino precedido por el éxodo de los bancos, que fueron los primeros en salir con los botines de punta. La cascada siguió en el sector financiero y asegurador con los cambios de domicilio de GVC Gaesco, MGS Seguros y Segur Caixa Adeslas. Y se extendió al sector industrial.

La gran burguesía catalana envió un ultimátum al jefe de Estado catalán, advirtiéndole que la situación iba a empeorar si el gobierno no daba marcha atrás. Así se lo transmitió el presidente del Círculo de Economía, una de las principales cámaras patronales, quien le pidió que se retractara antes de la apertura de los mercados en el curso de esta semana.

Recule anunciado


Este recule ya podía anticiparse, si tenemos presentes las declaraciones de la coordinadora general del PDeCAT (Partido Demócrata de Cataluña), Marta Pascal, dirigente de la formación política que lidera Puigdemont, la misma noche del domingo en que tuvo lugar el referéndum, sugiriendo que la declaración de hoy sería “retórica”. El propio presidente de la Generalitat ya había instado a una mediación internacional. Las tendencias a un compromiso ya estaban presentes en gran parte del nacionalismo catalán. Otras formaciones políticas y figuras que integran la coalición de gobierno instaron a una salida negociada como Esquerra Republicana (ERC), y Artur Mas, ex presidente de la Generalitat.

Límites insalvables

Los episodios de Cataluña han puesto de relieve los límites del nacionalismo catalán, el cual recula cuando se venía de haberle infligido una gran derrota política al gobierno de Rajoy, con el referéndum y la multitudinaria movilización que se produjo en defensa del derecho a votar y pocos días después, con la huelga general.
El desafío que estaba planteado era darle continuidad y profundizar la movilización popular. La conspiración empresaria ponía en el orden del día la necesidad de intervenir los bancos para evitar la fuga de capitales, ocupar los lugares de trabajo, empezando por aquellos establecimientos y propiedades de la burguesía que defiende a la monarquía y al Estado español y salir al cruce e impedir el sabotaje y la extorsión económica. Esta línea de acción choca con la política de conciliación de clases en el campo nacional por parte de la burguesía catalana que apunta a regimentar y preservar bajo su tutela política al movimiento popular. No se nos puede escapar que la Generalitat que promovió el referéndum es un gobierno patronal y ajustador, que viene promoviendo severos recortes sociales y la precarización laboral en el Estado. Una incursión contra la propiedad capitalista no está en los cálculos de la burguesía nacionalista, pues sería un arma de doble filo que podría terminar volviéndose contra ella. Esto es lo que explica el empeño puesto en darle a la huelga del 3 un carácter policlasista, de “protesta cívica”, disolviendo las fronteras de clase.

Este desenlace ha dejado pedaleando en el aire al nacionalismo más radicalizado, empezando por los anticapitalistas de la CUP, cuya estrategia fue alentar un frente común con el gobierno catalán, al punto tal de otorgarle sus votos para que acceda al poder y aprobar el presupuesto propuesto por la Generalitat.
El gobierno de Rajoy planteó que, pese a la suspensión, la declaración de independencia sería inaceptable e insinuó que avanzaría en la aplicación del artículo 155, suspendiendo la autonomía de Cataluña y promoviendo su intervención. Sin embargo, más allá de mostrar los dientes, una salida de fuerza estaría reservada como un recurso último. No olvidemos que la represión al referéndum terminó volviéndose un búmeran contra el propio gobierno central, transformándose en un golpe político a su gestión.

La línea prevaleciente en el gran capital español e internacional es alentar un compromiso. Esto es lo que explica la exhortación de una parte de la dirigencia europea a buscar un “diálogo” y un entendimiento. Existe un temor fundado por parte de la burguesía española y mundial de que una fractura del Estado ibérico pueda disparar una crisis y corrida financiera de gran alcance, que ponga en peligro el rescate que se vienen realizando para evitar ese riesgo.

Pero una negociación, mediación mediante, en estas condiciones, será un capítulo más de la crisis antes que una solución. Las bases económicas y políticas para un arreglo son muy frágiles y minadas por la bancarrota capitalista mundial. El nacionalismo ha reclamado una mayor porción de los ingresos públicos y plantea una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, el manejo de los contratos de las obras públicas, la gestión de los servicios y mayor margen de relaciones internacionales; es decir, un cambio institucional que potencialmente derivaría, como se discute ahora, en un Estado autónomo. Esto choca con las necesidades del Estado español, que ha ido estos años al rescate de los bancos y de los grandes conglomerados empresarios en crisis, y para eso aplica un ajuste brutal contra los trabajadores y los Estados autónomos. El temor a una demolición político-financiera del Estado central es lo que explica este empantanamiento que se viene agravando en el tiempo.

La izquierda


Un párrafo especial lo merecen los partidos de izquierda. Sus principales exponentes, el PSOE y Podemos, han hecho causa común con el Estado español contra el derecho a la autodeterminación. Veteranos dirigentes del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra, se han pronunciado por la aplicación del artículo155, o sea una intervención, si no hubiera más remedio. Además, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) junto al PSOE, han llamado a movilizarse en la manifestación organizada por la derecha desde el búnker de Societat Civil Catalana, el PP y Ciudadanos, quienes realizaron la primera concentración en Barcelona en oposición a la autodeterminación catalana.

Podemos ha tratado de no quedar pegado a la derecha y ha organizado su propia manifestación, que fue convocada bajo la consigna “Parlem”(Hablemos).

En esta línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteó que “los resultados del 1° de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, lo que significa no reconocer los resultados del referéndum que es lo que precisamente exige el gobierno de Rajoy (Infobae, 10/10). “Lo que ahora necesitamos -afirmó- son gestos de distensión de ambas partes. No necesitamos una escalada (de violencia) que no beneficia a nadie. Es la hora de tender puentes, no de dinamitarlos” (ídem).

Las negociaciones que seguramente se abran tienen un resultado incierto pero lo que sí es claro es que cualquier compromiso al que se arribe va a ir acompañado de una vuelta de tuerca en una política de austeridad y de ataque a la población laboriosa, en el que ambos gobiernos (el nacional y el catalán) coinciden y ya vienen ejecutando con despidos masivos, la implementación de una reforma laboral, jubilaciones y salarios mínimos de indigencia y rebajas salariales. La Generalitat intentará valerse de este cuadro para reforzar aún más una regimentación del movimiento popular y agitar la amenaza de una intervención para acallar cualquier reclamo y movilización independiente, exhibiéndolos como un factor de “desestabilización” que podría hacer naufragar las negociaciones y, por lo tanto, funcional a la derecha.

Independencia política


Esta situación pone al rojo vivo la cuestión de la independencia política de los trabajadores. La estrategia debe ser la denuncia de la tendencia al compromiso y a desnaturalizar el derecho a la autodeterminación y convertir esa reivindicación en una palanca para desarrollar una lucha de clases al interior de Cataluña y de España entera.

No se puede obviar que si el atropello a Cataluña prospera, será un golpe no sólo al pueblo catalán sino al conjunto de los trabajadores de España. Reforzará la capacidad de acción política y represiva del gobierno de Rajoy para profundizar el ajuste y doblegar los derechos y la resistencia de los trabajadores de todo el país.

La independencia política de los trabajadores significa romper las ataduras y el sometimiento de las centrales obreras con el Estado español y la monarquía. Así como las direcciones sindicales de la UGT y Comisiones Obreras se ubicaron de la vereda de enfrente con respecto a los derechos del pueblo catalán, de la misma manera, se vienen colocando respecto a las demandas obreras, dejando pasar el ataque que viene llevando adelante el gobierno central contra las conquistas de los trabajadores. La clase obrera catalana y española deben unirse en un solo bloque e infligir una derrota al gobierno represivo y ajustador, y enemigo principal de los derechos de los trabajadores y de la autonomía.

Defendemos el derecho a la autodeterminación nacional con un programa para poner fin a la monarquía española impuesta por el franquismo, por la República, y por la unidad del proletariado de todo el Estado español en la lucha contra el capital, los ajustes antiobreros y el conjunto del Estado capitalista. En oposición a la fragmentación de la clase obrera de las diferentes nacionalidades, planteamos la unidad de clase en todo el territorio español para luchar por una República Socialista Federativa.
 



Fuente:http://www.po.org.ar/prensaObrera/1478/internacionales/de-la-huelga-general-a-la-capitulacion
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