El 28 de septiembre es el Día por el Derecho al Aborto. El 29 marchamos en todo el país para reclamar: legalización del aborto ya, basta de muertes y mutilaciones de niñas y mujeres, educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, separación de la iglesia del Estado, fuera el clero de la educación y de la salud.
En nuestro país se practican medio millón de abortos al año. Entre 50 mil y 100 mil mujeres son internadas por causas relacionadas con el aborto clandestino. Al menos seis mujeres de extracción social muy humilde fueron detenidas durante 2014, entre ellas Belén, a quien logramos liberar con la movilización popular en 2016. Sólo en la provincia de Tucumán la asesora legal de Belén investigó la apertura de 600 causas contra mujeres pobres en 20 años. El aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes, aún teniendo en cuenta que las posiciones políticas de las diferentes gobernaciones con respecto al tema condicionan la cuantificación correcta de la dimensión de las secuelas del aborto clandestino.
El aborto clandestino se practica en todos los ámbitos sociales: desde prácticas extremadamente inseguras hasta la práctica cotidiana en las clínicas privadas con condiciones de seguridad y de privacidad ganadas por razones de clase: el poder adquisitivo definirá el tipo de atención que se recibe y si la mujer entrará o no en la mira de la persecución judicial. Aunque es una práctica habitual y fuente de ingresos entre las clases acomodadas, nadie en el país ha visto jamás que fuera noticia la situación de una mujer gestante rica, cuando tuvimos que presenciar miles de veces la exposición impúdica de mujeres sin recursos a las que se vulnera su derecho a la privacidad.
La práctica del aborto está penalizada e ilegalizada en la Argentina. Con el correr de los tiempos ha variado el alcance de las causales que están despenalizadas y hoy su atención es muy desigual, dependiendo de las autoridades de hospitales o de los servicios de ginecología y obstetricia colocadas por los gobiernos. Sin embargo recrudece la persecución legal, como ocurrió en Chubut con la condena a una médica residente por practicar un aborto amparado legalmente.
El avance de la penetración clerical en el terreno de la salud responde, también, a la postración de los gobiernos hacia el clero.
La ilegalidad de la práctica del aborto es una herramienta de control social. Con ella se intenta imponer la figura de la mujer excluyentemente madre, la mujer incubadora, la mujer responsable de una práctica cuyas causas mayoritariamente le son impuestas, como el contexto de violencia de género o la precarización laboral y ambiental. La mujer que no puede decidir por sí misma y que debe ser tutelada por el Estado o por el marido. La mujer cuyo embarazo sólo puede ser entendido como consentido. Esta presentación intencional cumple un rol político de primer orden. El Estado abortista, que no brinda educación sexual científica y laica, precariza y extiende la violencia de género, es el que luego levantará el dedo para condenar la práctica del aborto.
Como otros recursos, el uso político de la clandestinidad del aborto está al servicio de contener a una población, discriminar a un sector de ella y de esa forma amansar y controlar a mayorías populares a las que los gobiernos quieren ajustar y explotar para reportar beneficios a la clase capitalista. Al gobierno de Macri, a los gobernadores, al Papa y a los jueces, la vida, el embrión, el feto, el bebé o el niño les importa muy poco. Este uso político es lo que explica dos realidades fácticamente comprobables: que si la preocupación es la disminución de la práctica del aborto, entonces debe legalizarse ya mismo, ya que allí donde es legal, la práctica se reduce a niveles muy bajos. En España, un país con la misma población que el nuestro, donde el aborto es legal, con muchas trabas impuestas por la preponderancia del clero, se practican el 20% de los abortos que en Argentina. En Uruguay, donde la práctica está despenalizada, la mortalidad de mujeres por esta causa se reduce a cero.
No hay “grieta”
Sin “grieta” los gobiernos nacionales y populares y los de derecha actúan con idéntica orientación en relación al aborto, así como en materia económica los gobiernos tienden a postrarse frente a monopolios capitalistas y a gobiernos imperialistas. El aborto clandestino es también la vara con la que se debe medir el atraso de un país y su incapacidad de decidir de manera soberana.
Cambiemos, CFK, el PJ en todas sus expresiones y los llamados “movimientos sociales” están todos detrás de la estrategia del clero, o sea que están atados detrás de una definición contraria a los derechos más elementales de las mujeres. Esta penetración alcanza al propio Encuentro Nacional de Mujeres bajo la conducción del PJ y del PCR, férreos aliados del clero. Solo el Frente de Izquierda como expresión política nacional mantiene una independencia total con relación al clero. Esta que ha sido una orientación presente durante años, se ha profundizado aún más con la llegada de Bergoglio al Vaticano. Esta orientación explica que el proyecto de ley de legalización del aborto haya cumplido 10 años sin que se avanzara en su tratamiento.
Arrancar la legalización del aborto es, en la lucha por los derechos de las mujeres, es una batalla estratégica.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1472/mujer/sin-aborto-legal-no-hay-ni-una-menos
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