Documento
del 24 de marzo 2015
Hoy,
a 39 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para
repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro
pueblo, para reivindicar las banderas de nuestros 30.000 compañeros
detenidos desaparecidos y para ratificar nuestro compromiso en la
lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
Repudiamos
a la dictadura que buscó destruir todas las formas de organización
de los trabajadores y el pueblo para profundizar la entrega y el
endeudamiento, la explotación y el hambre al servicio de un régimen
económico y político a beneficio de los monopolios y las potencias
imperialistas.
30.000
detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de
600 campos de concentración, miles de presos políticos, exilio,
secuestro, tortura y robo de niños, constituyó el genocidio
racional y planificado desarrollado contra nuestro pueblo.
El
terror dictatorial tuvo el objetivo de aniquilar el gigantesco
despliegue del movimiento obrero y popular que, desde los tiempos del
Cordobazo, se proponía terminar con la opresión y la explotación.
A
pesar del terror y del silencio impuesto, nuestro pueblo resistió.
Las Madres de Plaza de Mayo fueron la avanzada, y se convirtieron en
el símbolo de esa resistencia que armó lazos de solidaridad y que
llegó a expresarse en paros generales y movilizaciones realizadas en
las peores condiciones de la represión genocida.
Esa
lucha tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las
calles, en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad
inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas y terminar con la
impunidad de ayer y de hoy.
Nuestro
pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad
de Alfonsín y los indultos de Menem.
La
rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, y la lucha inclaudicable
de tantos años contra la impunidad, fueron factores fundamentales
para conseguir la anulación de las leyes de punto final y obediencia
debida, que permitió la reapertura de las causas contra los
genocidas.
Lo
decimos una vez más con orgullo: los juicios a los genocidas son un
logro histórico de nuestro pueblo.
Denunciamos
también en esta plaza, como lo venimos haciendo todos estos años,
las enormes limitaciones de estos juicios, que se desarrollan a
cuentagotas. Cientos de represores mueren antes de ser juzgados.
El
Poder Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas
necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que
hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la
cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los
sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención.
El
Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que
actuaron en cada Campo de Concentración. El Poder judicial no
investiga ni aporta pruebas para juzgarlos .Sólo las víctimas,
familiares y organismos de derechos humanos que luchamos contra la
impunidad presentamos pruebas e impulsamos las causas para que los
represores sean juzgados por el delito que cometieron: genocidio.
No
hay 900 condenados como dijo la Presidenta en su discurso del 1 de
marzo. La realidad es que existen, hasta hoy, sólo 538 condenas, de
las cuales muchas corresponden a un mismo procesado. Hay menos de un
condenado por campo de concentración. Apenas el 20% de esas
sentencias se encuentran firmes. El 68% de los condenados y la mitad
de los procesados cumplen prisión domiciliaria, que además violan
sistemáticamente.
Los
cómplices civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta
impunidad. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales
colaboracionistas y entregadores, y con los jueces y fiscales que
fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones.
Repudiamos los fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre
otros, al latifundista Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-,
a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia y a Alejandro
Bottinelli, del staff editorial de Atlántida.
Exigimos:
¡¡¡CARCEL
YA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡APERTURA
DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN
DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS!!!
El
nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército revela,
definitivamente, hasta donde llega la hipocresía del gobierno K en
materia de derechos humanos.
Milani
ya había sido denunciado en 1984, en el informe de la Conadep de La
Rioja. Las pruebas contra él por su participación en el Operativo
Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en el
secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón
Alfredo, en el secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista
Schaller, son abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán,
que se negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de
la obediencia debida. También denunciamos al juez federal de La
Rioja Daniel Herrera Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani
es un ejemplo paradigmático de los miles de represores que
permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus
crímenes durante la dictadura.
El
empeño del gobierno en sostener a Milani, a pesar de las
contundentes evidencias en su contra, se explica por su rol en la
reorganización de un aparato de inteligencia dirigido al espionaje
interno. La nueva ley de inteligencia le otorga un poder y un
presupuesto fenomenales.
La
presidenta, por cadena nacional, y en presencia de Milani, llamó a
superar los prejuicios hacia los militares. Su objetivo es
naturalizar la ingerencia de las fuerzas armadas en la seguridad
interior. Mostró, una vez más, su política de reconciliación con
los genocidas.
¡¡FUERA
MILANI!!
Desde
esta plaza denunciamos la política de entrega y ajuste del gobierno
nacional y de los gobiernos locales, respaldada por las grandes
patronales y la burocracia sindical, que descarga la crisis sobre los
trabajadores y el pueblo.
Repudiamos
el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, la megaminería
a cielo abierto, la presencia de Monsanto, los acuerdos con Chevrón
y con China y la instalación de una base militar china en nuestro
territorio.
Denunciamos
el ataque cotidiano a los derechos básicos a la vivienda, al
trabajo, a salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar, a
la salud y la educación. Nos solidarizamos activamente con todas las
luchas populares, con los obreros industriales, con los docentes, con
los trabajadores de la salud, con los desocupados y con los
jubilados.
El
asesinato de numerosos luchadores populares, la sanción de la ley
antiterrorista, la criminalización de la protesta, con presos
políticos y miles de procesados, los trabajadores de Las Heras
condenados a cadena perpetua y la persecución a los pueblos
originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de
su cultura; el espionaje a las organizaciones y militantes obreros,
estudiantiles y populares, la represión a las movilizaciones de
desocupados, la militarización de los barrios y la criminalización
de la pobreza, como en el desalojo del Barrio papa Francisco, y la
complicidad del Estado con los distintos grupos narcos que operan en
el país, han sido la marca de la política en materia de libertades
democráticas del gobierno kirchnerista.
Con
Berni al frente de la represión, durante el último año se agudizó
la militarización de los conflictos obreros que comenzó con
Gestamp, continuó en Emfer y se profundizó con las 18 represiones
en la Panamericana contra los obreros de Lear. Este avance represivo
es producto del acuerdo entre el gobierno, estas patronales y la
burocracia sindical.
La
masacre de Cromañón, la tragedia de Once y el incendio intencional
de Iron Mountain desenmascararon los grandes negociados y la
corrupción que atraviesa impunemente al Estado y que pagamos con la
vida de cientos de jóvenes y hombres y mujeres trabajadores.
Denunciamos la complicidad de todos los estamentos del Estado con el
narcotráfico y la trata de personas. Centenares de mujeres
permanecen desaparecidas víctimas del negocio de la trata.
La
muerte de miles de jóvenes a manos del gatillo fácil y de la
represión policial y de todas las fuerzas de seguridad, la tortura y
muerte en cárceles y comisarías, con la complicidad de jueces y
fiscales, marcan también dolorosamente la impunidad del presente.
Son
más de 4350 los jóvenes asesinados desde 1983.
El
crimen de Luciano Arruga puso de manifiesto con claridad la red de
encubrimiento y complicidades entre el poder político, la justicia y
la policía. Luciano fue encontrado después de seis años de lucha,
durante los cuales la policía de Scioli, Casal y Granados se dedicó
a espiar y amedrentar a sus familiares y amigos. No fue un accidente.
A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado.
BASTA
DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y LA POBREZA
FUERA
BERNI
Como
cada 24 de marzo, denunciamos la represión y la impunidad promovida
por los gobiernos provinciales y el gobierno de Macri. Estos
gobiernos, a pesar de sus disputas, coinciden en dar una respuesta
represiva a las luchas obreras y populares.
Denunciamos
la responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos de las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el encubrimiento de la
bonaerense y en la impunidad de los responsables de la segunda
desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Suppo.
APARICIÓN
CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
ESCLARECIMIENTO
DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
La
muerte del fiscal Nisman confirmó lo que venimos denunciando hace
años: la impunidad es política de Estado. Sacó a la luz la feroz
disputa entre diferentes sectores del aparato represivo, los
servicios de inteligencia y de las clases dominantes.
La
muerte de Nisman es una muerte política, inscripta en los 21 años
de encubrimiento y manipulación, por parte del Estado y la justicia,
de la causa que investiga la masacre de la Amia.
El
gobierno nacional no puede negar su relación y colaboración directa
durante más de 10 años con Stiusso y Nisman, que operaban con la
CIA y el MOSSAD, y con los servicios que hoy cuestiona.
En
su discurso del 1 de marzo, la Presidenta mostró que el Estado
argentino sigue poniendo el atentado a la AMIA al servicio de las
políticas de las grandes potencias imperialistas. Pretende desligar
la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y en la trama de
impunidad y encubrimiento de la conexión local, sostenida desde el
mismo momento del atentado por los diferentes gobiernos y la justicia
cómplice.
La
apertura de los archivos anunciado por la presidenta es una farsa.
Los archivos permanecen cerrados. Para arribar a la verdad, es
imprescindible la formación de una Comisión Investigadora
Independiente con plenos poderes y que se abran todos los archivos
secretos de la causa. De los 21 años de impunidad, doce corresponden
a los gobiernos kirchneristas.
La
orientación que los distintos gobiernos postdictadura dieron a los
servicios de inteligencia fue dirigirlos hacia la infiltración y el
espionaje interno. Lejos de ayudar al esclarecimiento del atentado a
la AMIA o de la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, han
contribuido a su encubrimiento. Estos mismos servicios estuvieron
activamente involucrados en la masacre de La Tablada, de Puente
Pueyrredón, en la desaparición de Julio López y en tantos otros
crímenes contra el pueblo.
El
gobierno de los Kirchner continuó y profundizó esas prácticas, con
las leyes antiterroristas y el proyecto X con el que espió e
infiltró a obreros en lucha, con el espionaje a estudiantes
secundarios, a militantes de derechos humanos y de diferentes
movimientos sociales y partidos políticos y a todos los que luchan
en defensa de los derechos populares.
Exigimos:
DESMANTELAMIENTO
DEL APARATO REPRESIVO Y DE ESPIONAJE. NI SIDE-NI AFI.
NO
AL PROYECTO X-NO A LA LEY ANTITERRORISTA.
ASTA
DE MANIPULACIÓN Y ENCUBRIMIENTO DEL ESTADO Y LA JUSTICIA EN LA CAUSA
AMIA. COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
Existe
una disputa entre el gobierno y sectores de la oposición tradicional
por el control de un aparato judicial que siempre utilizaron contra
los trabajadores. Esta pelea fracturó como nunca el poder judicial.
Seamos claros: el poder judicial está dividido entre un sector
dirigido por el gobierno y otro hegemonizado por jueces y fiscales
involucrados también con la impunidad y la criminalización de la
protesta, apoyados por sectores reaccionarios como Macri- que fundó
la Metropolitana con el Fino Palacios y creó su propio servicio de
espionaje - y por Massa, cuyo jefe de campaña es Juan José Álvarez,
uno de los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón y hombre
de los servicios de inteligencia.
Sin
ningún rubor, la presidenta denunció la existencia de un partido
judicial cuando muchos de los funcionarios y jueces que denuncia le
fueron funcionales durante estos doce años de gobierno e incluso
fueron nombrados a iniciativa del Ejecutivo. El gobierno no dudó en
manipular jueces y fiscales a su antojo para frenar causas que lo
involucraban en hechos de corrupción.
Más
que nunca, hoy es evidente para millones de argentinos aquello que
desde hace años venimos reclamando desde el EMVJ: la necesidad de
liquidar los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura y la
apertura de todos sus archivos secretos.
Sólo
se ha abierto un número mínimo, de contenido casi inocuo, de
aquellos archivos. Esto es particularmente grave, porque con ellos
sería posible conocer el destino de nuestros compañeros
desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en
cautiverio y apropiados. También sería posible descubrir
infiltrados en el movimiento popular, como se demostró con los
agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y Raúl Tarifeño de
Neuquén.
APERTURA
DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA
La
recuperación de la identidad de los hijos de desaparecidos es una
necesidad y un derecho del presente. Es una responsabilidad del
Estado y no puede depender de la voluntad individual de cada joven.
El
traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y
su privatización no sólo abre la puerta a un gran negociado sino
que además acota el acceso al derecho a la identidad.
Del
mismo modo, afirmamos: la memoria popular es una construcción
colectiva y por eso denunciamos la manipulación del gobierno
nacional sobre los sitios de memoria, manipulación que resulta
coherente con su política de reconciliación con los genocidas, como
lo demuestra su cerrada defensa del genocida Milani.
Compañeras
y compañeros:
En
esta marcha popular, queremos repudiar la brutal amenaza del
imperialismo yanqui a Venezuela y expresamos toda nuestra solidaridad
con el pueblo venezolano.
La
dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso
terminar con la lucha de los trabajadores y el pueblo por conquistar
un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para
todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con
futuro.
Hoy,
luchando contra la impunidad de ayer y de hoy y contra las distintas
formas de represión y persecución a los trabajadores y el pueblo
afirmamos que las banderas por las que lucharon nuestros 30000
compañeros detenidos desaparecidos están vigentes cada día más.
Ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha por conquistar
una Argentina sin opresión, sin represión y sin explotación.
30.000
compañeros detenidos desaparecidos ¡¡¡Presente!!!