La desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el martes pasado luego de una represión de la Gendarmería en la provincia de Chubut, ha sacado a la luz un entramado de espionaje estatal contra el pueblo mapuche, ejecutado coordinadamente por los gobiernos de Chile y la Argentina. Según numerosos testimonios, Santiago fue detenido por la Gendarmería mientras participaba de una movilización por la libertad del líder mapuche Facundo Jones Huala, ocurrida el 27 de junio pasado. Santiago fue introducido por la fuerza en una camioneta de Gendarmería y desde ese momento no se sabe nada más de él.
La represión estuvo lejos de ser un hecho improvisado. Para garantizar su ejecución se hizo presente en el lugar el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. En entrevistas radiales brindadas a radios de la zona, Noceti señaló que el gobierno consideraba a los integrantes de Resistencia Ancestral Mapuche como miembros de una organización terrorista y que iban a ser todos detenidos, esto sin que mediara una orden judicial. Para completar su campaña reaccionaria, Noceti afirmó que la organización mapuche tenía lazos con extremistas kurdos (!).
Las declaraciones de Noceti no fueron a título personal, sino que estuvieron inspiradas en dichos de su jefa Patricia Bullrich. Para ella, la organización mapuche había incurrido en “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas. Se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”. La descripción de Bullrich apuntó a justificar la calificación de organización mapuche de terrorista. Cumplió así su papel de brazo represivo de los monopolios petroleros y los acaparadores de tierras.
Para el gobierno, el tema se trata de un verdadero asunto de Estado. La detención del líder mapuche Facundo Jones Huala, de quien se pedía la libertad cuando Santiago fue secuestrado por la Gendarmería, fue pactada de manera directa por los gobiernos de Argentina y Chile. Sería una ingenuidad atribuir a la casualidad que haya coincidido con el mismo día que Macri realizaba su visita a Bachelet, quien viene reclamando la extradición a Chile de Jones Huala, a quien acusa de ser responsable del incendio de un fundo en el país vecino. La Justicia, sin embargo, declaró nulo el juicio de extradición dado que la detención del dirigente mapuche se había logrado gracias a información obtenida bajo tortura al testigo Gonzalo Cabrera y por los seguimientos ilegales realizados tanto por la policía Federal como por la AFI (ex Side). Aunque Bullrich apeló este fallo, la Corte Suprema decidió mantener la nulidad del juicio de extradición. Jones Huala se encuentra detenido en Esquel, a la espera de un segundo juicio de extradición. Otra ilegalidad, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Como vemos, la desaparición de Santiago Maldonado lejos está de ser el resultado de una acción individual de uno o varios miembros de la Gendarmería, sino que se trata de una acción estatal que involucra a los gobiernos de Argentina y Chile, a sus fuerzas de seguridad y de espionaje. Una especie de Plan Cóndor de las democracias truchas de nuestra región.
Fuente:http://www.po.org.ar/prensaObrera/1470/libertades-democraticas/santiago-maldonado-un-plan-condor-de-los-gobiernos-de-argentina-y-chile-1
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